Vinculan a proceso al “80” por desaparición y muerte de militares, localizados en la Laguna de Yuriria.
Yuriria Gto. – Un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato, vinculó a proceso a Aarón «N», alias el “80”, por el presunto delito de desaparición forzada cometida por particulares en contra de Natalia Pelcastres, elemento de la Guardia Nacional, y Julián Torres, capitán de la Sedena.
Los elementos estaban adscritos a la XVI Zona Militar en Irapuato.
La segunda audiencia se llevó a cabo después del mediodía de este martes en la sala 4 de los juzgados del Poder Judicial Federal en Guanajuato capital, como parte de la causa penal 131/2025.
Por la naturaleza del delito y para proteger a la testigo clave, una menor de 14 años que habría presenciado los hechos, el juez determinó que el acusado llevará su proceso en prisión preventiva dentro del penal federal de Ocampo. La Fiscalía tendrá tres meses para complementar la investigación antes de la siguiente audiencia.
Los hechos
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el 15 de febrero, Aarón alias «80”, “Tony” y otros tres hombres localizaron a los elementos de en la zona restaurantera de La Angostura, en Yuriria, mientras se encontraban en sus días francos.
Se les habían acercado, reconocido como elementos, amenazado y luego los subieron a la fuerza en una camioneta CRV gris.
El 7 de marzo fueron hallados restos humanos en el Cerro del Coyontle, en Yuriria, los cuales posteriormente fueron identificados como los militares desaparecidos.
Gracias al testimonio de la menor, la Fiscalía de Guanajuato inició una investigación que llevó a la captura de Aarón el 21 de febrero en Loma de Zempoala. Fue detenido junto con su pareja y sus hijos, y en el lugar se encontraron drogas. Este hecho derivó en la causa penal 22235/2025. Y ahí se localizó un teléfono negro marca samsung propiedad del capitán.
También, se ventiló que en la investigación la Fiscalía acreditó que del 15 al 21 de febrero, del celular del capitán de la Sedena y la elemento de la GN se enviaron mensajes que no correspondía a ellos, ni su voz, ni coherencia.
Controversia en la defensa
Al inicio de la audiencia, dos abogados habrían llegado acompañando a la madre del menor testigo. El juez consideró esto un desacato y un acto desleal de la defensa, pues los litigantes le entregaron el expediente a abogados independientes que supuestamente representan a la madre y al menor.
El juez enfatizó en varias ocasiones que desde la audiencia inicial la identidad del testigo estaba bajo resguardo. No obstante, la defensa realizó una investigación propia, localizó a la menor y a su familia, y los entrevistó, lo que quedó fuera del marco legal.
Los abogados de la defensa presentaron a tres testigos para argumentar que el celular del capitán Torres llegó a manos de Aarón porque este se lo habría empeñado, Martín, un pepenador de Valle de Santiago, que lo habría encontrado cerca del cementerio el 16 de febrero y luego lo intercambio al «80» por cuatro dosis de cristal.
Otro testigo de la defensa, un joven llamado Ricardo, declaró que el 18 de febrero cinco patrullas de la Guardia Nacional irrumpieron en su casa en La Angostura y lo detuvieron, presuntamente sometiéndolo a tortura durante 24 horas para obtener información sobre el paradero de sus compañeros «elementos desaparecidos».
También afirmó que los agentes se llevaron a la menor testigo y a otro joven llamado Juan, a quien no ha vuelto a ver.
La defensa aseguró que la menor testigo fue torturada y coaccionada por elementos de la Guardia Nacional, por lo que firmó una hoja en blanco y realizó una identificación fotográfica de Aarón. Presentaron un peritaje que avalaría esta acusación.
Recriminaciones del juez y medidas de protección
Al cierre de la audiencia, el juez criticó tanto a la defensa como a la Fiscalía por no garantizar la protección del testigo y su familia. Señaló que la defensa obtuvo información de manera irregular y realizó una investigación independiente fuera del marco legal.
Ante esta situación, el juzgado solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas para asignar representantes legales al testigo y su familia, así como gestionar su reubicación. Además, ordenó medidas de seguridad por parte de la Policía Federal durante los próximos seis meses debido a la naturaleza del caso.
