OCHO AÑOS DE INJUSTICIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA DEL CASO GONZÁLEZ TOPETE EN GUANAJUATO.
– Fiscalía estatal trata a víctimas como sus enemigos ….
León, Gto.- El quince de noviembre de 2015, Jorge González Topete apareció muerto en un hotel de la ciudad de León, Guanajuato; la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) lejos de iniciar las averiguaciones como debía ser, con autorización de un sobrino de 20 años se hizo la incineración, contra todos los protocolos al respecto.
Su determinación fue de suicidio, la cual fue recurrida por su viuda Laura Elena Díaz Infante González y su hija, en ese momento, única mayor de edad, María Fernanda Díaz Infante González. Ese recurso fue desechado por extemporáneo, el cual fue recurrido y, se resolvió por la autoridad judicial que se confirmaba en relación por Laura Elena, pero se revocaba por su hija María Fernanda; en ese sentido, se returnó el recurso a diversa autoridad judicial.
En la resolución de fondo, se determinó que la averiguación había sido deficiente y, se indicaron una serie de pautas para que prosiguiera la averiguación, la que se lleva en el sistema tradicional, conforme con el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato.
Con base en esa determinación, la averiguación se reanudó para todas las víctimas indirectas; al grado de que absolutamente todas las promociones que Laura Elena promovió como víctima indirecta fueron acordadas.
Laura Elena incluso pidió a la FGE se solicitara a la autoridad judicial federal que se obtuvieran las sábanas de los registros de las llamadas telefónicas de su esposo el día de los hechos; esa petición fue negada, pero nunca se dijo que ella había perdido su calidad de víctima indirecta.
Laura Elena, de nuevo en su calidad de víctima indirecta, promovió juicio de amparo en contra de esa determinación, el que se concedió para el efecto de que se hiciera la petición de esos registros; el Fiscal General del Estado lo realizó de manera deficiente al grado de que el Juez de Distrito le dijo que si persistía en su deficiente actuación le daría vista a la Fiscalía General de la República.
Además, hasta que Laura Elena obtuvo el pago del seguro de vida, porque ganó el juicio para tal efecto, contrató peritos particulares y, en su calidad de víctima indirecta, ofreció las pruebas de medicina, toxicología, genética, dactilares, telecomunicaciones y criminalística, con las que se demostró que no se trataba de suicidio, sino de homicidio. Nuevamente, esas pruebas se admitieron a Laura Elena en su calidad de víctima indirecta.
Con base en el cúmulo de elementos aportados, Laura Elena nuevamente solicitó que se hicieran más indagaciones, a lo que el personal de la fiscalía dijo que no era necesario, -porque en su erróneo criterio- no había ningún elemento idóneo para tal efecto.
Dada la negligente actividad de la fiscala, Laura Elena y sus hijas promovieron responsabilidad de la fiscalía por lo que se refiere a una reparación integral, así como moral. Ese procedimiento se llevó aproximadamente dos años; en la resolución la fiscalía no resolvió en nuestro favor, lo que se recurrió en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, pero se desechó el recurso. Contra esa determinación se concedió juicio de amparo indirecto, en el que se concedió la protección constitucional para que se admitiera el recurso pero, la fiscalía recurrió esa decisión del Juzgado de Distrito; actualmente la revisión está en un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.
Asimismo, con el apoyo de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, Laura Elena ha denunciado en la prensa estatal y nacional, organizaciones no gubernamentales y, ante la Organización de las Naciones Unidas, las deficiencias y negligencias de la fiscalía estatal.
Con base en ello, sorpresivamente, el personal de la fiscalía citó a Laura Elena, en su calidad de víctima indirecta, a una diligencia el 23 de noviembre de 2021, con apercibimiento de multa para el caso de no asistir.
De manera completamente arbitraria, la agente del ministerio público emitió un auto en el que resolvió que ahora Laura Elena ya no es víctima indirecta, porque se desechó el recurso que interpuso contra el no ejercicio de la acción penal. No obstante que en ningún momento desde noviembre de 2015 se le ha reconocido de manera ininterrumpida esa calidad.
Esa determinación también fue atacada jurídicamente con un juicio de amparo; el que se concedió para restituir a Laura el carácter de víctima; asimismo en favor de sus hijas para que se siga investigando en la averiguación previa conforme a derecho.
La resolución del Juzgado de Distrito fue impugnada por la fiscalía; quien lejos de proteger nuestros intereses, los ataca. Un Tribunal Colegiado en Materia Penal de Guanajuato, en resolución de 15 de junio de 2023, confirmó la sentencia del Juzgado de Distrito.
La Fiscalía no ha cumplido con todo lo que se le ha ordenado, por el contrario, sigue violando nuestros derechos humanos, porque lejos de seguir recabando pruebas, nos dio diez días para que nosotros las ofreciéramos, lo hicimos y no resolvió nada al respecto, además, designó un perito que no está en la lista del poder judicial, el cual fue en contra de la pericial médica que presentamos y, con base en ello, sin mayor trámite de nuevo determinó que hubo suicidio y ordenó el archivo de la averiguación.
Esa resolución la recurrimos ante un Juzgado Penal Tradicional de la ciudad de León, Guanajuato. Además hicimos del conocimiento del Juzgado de Distrito el defectuoso cumplimiento dela demanda de amparo.
Ello no solamente incumple con todo lo ordenado en la sentencia de amparo, además sigue violando el acceso a la verdad y los derechos humanos de las víctimas.
El actuar de la FGE claramente afecta sus derechos humanos, contenidos en los artículos 1º, 16, 17 y 20 Apartado C, de la Constitución, la Ley de Víctimas para el Estado de Guanajuato, Código de procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, así como diversos tratados internacionales.
Se insiste que en Guanajuato las víctimas son tratadas como enemigos por la fiscalía, pero no pararemos hasta lograr un Estado de Derecho y Paz, mediante todos mecanismos legales conducentes.
