Iniciativa del PRI permitirá quitar escoltas a ex funcionarios en Guanajuato.
Guanajuato, Gto.- El Pleno del Congreso de Guanajuato aprobó reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado en materia de protección y seguridad personal a exfuncionarios estatales y municipales, derivado de una iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Hugo Varela Flores, al pedir el voto a favor del dictamen, manifestó que cuando hablaban de protección y seguridad personal a exfuncionarios públicos, era factible razonar y pensar en la relación que había entre el individuo que la ejercía y la situación de riesgo o peligro en que se encontrara, por las actividades propias de su encargo, ante una amenaza real e inminente, que exponía la vida e integridad física de la persona protegida.
Sin embargo, dijo que esa tendencia sobreprotectora con los exfuncionarios locales había permitido una distracción de los recursos presupuestarios destinados originariamente a la satisfacción de necesidades generales, que con toda certeza se traducía en la disminución de la eficacia en el combate contra la violencia y la inseguridad ciudadana.
El legislador dijo que, en el grupo parlamentario del PRI, desde el momento en que diseñaban la agenda legislativa ciudadana detectaron este rechazo social que existe respecto a la existencia de ese privilegio del que gozan algunos exservidores públicos estatales y municipales y que no es otro sino el injustificado otorgamiento de escoltas a cargo y en detrimento de los sistemas estatales y municipales de seguridad pública.
“Tenemos claro y entendemos que en algunos casos la protección y seguridad de exfuncionarios resulta ser necesaria, empero, esta necesidad debe ser plenamente justificada, pues debe acreditarse la extrema necesidad de contar con este beneficio”, precisó Varela Flores.
Puntualizó que la obligación de otorgar protección y seguridad a exfuncionarios, ya no se establecerá de manera imperativa u obligatoria, sino que será optativo y acorde a un estudio de riesgos que se elabore para determinar sobre la extrema necesidad de contar o no con protección y seguridad personal.
Lo anterior, en aras de salvaguardar el costo-beneficio social que se paga tanto en detrimento de los erarios estatal y municipal, como en la operatividad de las policías estatales y municipales en el combate a la inseguridad pública.
“La sociedad lo considera injusto porque rompe con el principio del trato igualitario que debemos recibir todos los miembros del cuerpo social; y porque trata de procurar seguridad personalísima a personas que si bien, en teoría sirvieron a la población, ya no lo hacen, y aun así se les proporciona esta prerrogativa; siendo esta una de las asignaturas pendientes más sentidas por los guanajuatenses”, reiteró.
Dijo que el uso de escoltas es repudiado porque genera un gasto ocioso cuando los recursos para la seguridad ciudadana no sólo son limitados, sino que se aprecian escasos y porque, según él, lesiona la economía de la mayor parte de los municipios de la entidad.
