Exhiben en mañanaera a jueces de Guanajuato que favorecieron a imputados en delitos graves.
Ciudad de México.- El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, señaló a jueces federales que operan en Guanajuato por favorecer a los imputados en sus sentencias.
Uno de los casos es el de José Jesús Rodríguez Hernández de quien pesan dos quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal ya que en 39 casos determinó no vincular a proceso penal, en 34 calificó de ilegal la detención y en siete casos declaró sentencias absolutorias.
Estos casos, según el subsecretario, están relacionados con delitos graves, tal es el caso de acopio de armas, delitos contra la salud y delincuencia organizada.
También se les acusa de “excederse en sus competencias al modificar penas solicitadas por el MP en procedimientos abreviados”.
Además, señalaron que “ha emitido expresiones ofensivas en contra de los fiscales por no solicitar menor tiempo de castigo a los acusados”.
Un segundo caso es el del Juez de Control, Jesús Alejandro Jiménez Álvarez, quien según el subsecretario ha resuelto en favor de los imputados en 34 asuntos, de los cuales en 15 se determinó no vincular a proceso penal, en 14 calificó la detención de ilegal y en cinco determinó sentencia absolutoria.
Su caso más destacado es uno en que se le detuvo en posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo del Ejército y calificó de ilegal la detención realizada por elementos de la Guardia Nacional.
Por otra parte, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, informó que presentará quejas en tres casos en donde el actuar de los jueces o magistrados del poder judicial evitó avances en juicios o procesos penales que buscaba cobros de impuestos a grandes contribuyentes del SAT.
Uno de estos casos fue por una empresa del Bajío que cometió defraudación fiscal y causó un perjuicio por casi 300 millones de pesos.
En este hecho, el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado fue acusado de emitir resoluciones contrarias a la ley e ignorar a la Secretaría de Hacienda descalificándola de su papel de acusador y víctima.
