Bárbara Botello viaja a la CDMX y pide que FGR investigue préstamo de gobierno estatal a Grupo Pachuca.
Ciudad de México.- La ex presidenta municipal de León, ahora simpatizante de Morena, Bárbara Botello, acudió a la Cámara de Diputados federal para solicitar que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso del presunto préstamo ilegal, por 230 millones de pesos que el gobierno de Guanajuato otorgó a Fiera Capital, empresa que administra a los equipos de futbol León y Pachuca.
Estas acciones se están tomando toda vez que, dijo, en Guanajuato las instancias encargadas de investigar estos hechos están actuando como tapaderas de la corrupción.
“Tenemos una enorme desconfianza y podría ser que los recursos provinieran de participaciones federales. Por ello consideramos necesario que la Fiscalía General de la República, entre a investigar este caso de corrupción en Guanajuato y se sancione a los culpables”, dijo la ex funcionaria.
Dijo que, sin tener facultades legales para hacerlo, en junio de 2021, el gobierno del estado dispuso de 230 millones de pesos e hizo entrega de dicha cantidad a Fiera-Capital, empresa entonces recién formada por la familia Martínez.
Refirió que, con ese dinero, el Grupo Pachuca pagó parte del precio por la compra del Estadio León a Roberto Zermeño Vargas, quien le ganó al municipio de León un litigio por la propiedad del Estadio León.
“El ilegal préstamo, con una tasa de interés de apenas el 6 por ciento anual, se mantuvo en secreto, ni siquiera los diputados conocían de esta transa, sino hasta que hace 2 semanas, el señor Jesús Martínez, dueño del equipo Pachuca, habló más de la cuenta en una entrevista de televisión y dio a conocer este desfalco”, señaló.
“Cualquier abogado sabe perfectamente que las autoridades sólo pueden hacer aquello que las leyes les conceden. Y más tratándose de los dineros públicos. Es así que ninguna ley, ni la Ley de Ingresos del Estado, ni la Ley del Presupuesto de Egresos, ni la Ley para el Ejercicio de los Recursos Públicos, ni la Ley de Hacienda, ni ninguna otra, faculta al gobernador o a su secretario de Finanzas para disponer de los recursos públicos, mucho menos de tales cantidades y prestarlas a un particular”, enfatizó.
La morenita sostuvo que, los involucrados incurrieron en faltas graves señaladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y en la comisión de diversos delitos contra la administración pública, entre los que podrían estar uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Dijo además, que el otorgamiento de este préstamo ocasionará un perjuicio al patrimonio del estado de forma permanente y constante durante la vigencia del crédito, que es del 15 de julio de 2021 al 30 de junio de 2030, “en virtud de que la tasa de interés anual del 6 por ciento concedida sobre dicho préstamo irregular ha venido estando por debajo de la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) que es la tasa de referencia en nuestro país para la actividad del crédito emitida por el Banco de México”.
“Dicha tasa, al 16 de mayo de 2023 se estableció en 11.53 por ciento; de tal manera que cada pago de los intereses del préstamo se generará una ganancia negativa para las arcas públicas”, reiteró.
“Además, el interés para los ricos es de sólo el 6 por ciento anual, mientras que los préstamos para los trabajadores del estado, a través del ISSSEG, son con intereses del 13 por ciento. O sea que hay privilegio para los ricos, mientras que a los trabajadores les clavan la uña con más del doble”, sentenció.
Manifestó que esta corrupción que se ejerce, según ella, en Guanajuato puede llamarse populismo de derecha, “pues favorece a los ricos para entretener a los pobres, como enseña la vieja receta romana de pan y circo”.
