El Fiscal General, Carlos Torres Piña, es investigado por presuntos vínculos criminales y por violar el debido proceso en el caso Manzo.
Morelia, Mich. La periodista María Idalia Gómez reveló en Aristegui en Vivo que el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, está siendo investigado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con grupos criminales, y cuestionó la manera en que la Fiscalía michoacana ha manejado el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
Durante la mesa de análisis transmitida el pasado viernes, Gómez afirmó que a las agencias estadounidenses les sorprendió la filtración y difusión de información sensible, como fotografías y datos del presunto autor material, un menor de edad abatido durante los hechos. “Tal pareciera que quería perjudicar esa investigación, porque está dañando el debido proceso al dar información y publicar esas fotos y datos, lo que puede afectar hasta sus últimas consecuencias a las personas involucradas”, advirtió la periodista.
Las revelaciones refuerzan la percepción de irregularidades y manipulación informativa en torno al crimen que cimbró a Michoacán. Según Gómez, el manejo mediático de la Fiscalía podría haber tenido el propósito de “dirigir la narrativa” del asesinato, desvirtuando las líneas de investigación reales.
A esta denuncia se sumó la organización Tejiendo Redes Infancia, que el 6 de noviembre acusó públicamente a la Fiscalía de Michoacán de haber violado la ley al exhibir la identidad y el rostro del adolescente de 17 años implicado en los hechos. “Vemos con mucha preocupación el lamentable acto ilegal que realizó la Fiscalía […] al exhibir los restos humanos y la identidad de un niño víctima y perpetrador en el homicidio del alcalde Carlos Manzo; una expresión dolorosa de la niñez reclutada”, señaló la organización en un comunicado.
La agrupación recordó que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) prohíbe la difusión de la identidad de menores involucrados en delitos, ya sea como víctimas o presuntos perpetradores, justamente para proteger su integridad y garantizar un debido proceso.
El escándalo no solo coloca a la Fiscalía de Michoacán en entredicho, sino que además agrava la crisis de confianza hacia las instituciones del estado. En medio de las sospechas y los señalamientos internacionales, la exigencia ciudadana es clara: basta de usar la justicia como espectáculo político y mediático.
Con información de Aristegui Noticias
