El Poder Judicial de Guanajuato debe garantizar justicia en el caso del buscador Javier Barajas y su familia

El Poder Judicial de Guanajuato debe garantizar justicia en el caso del buscador Javier Barajas y su familia

Salvatierra, Gto.- A dos años del asesinato del buscador de personas desaparecidas, Javier Barajas Piña, y después de dos meses del desahogo de las audiencias de juicio oral, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato con sede en Salvatierra tiene la oportunidad de dictar una sentencia que allegue justicia a la familia Barajas-Piña y siente un precedente ante la impunidad que reina en los ataques y homicidios de personas defensoras en México.

Francisco Javier Barajas Piña, era un buscador reconocido en el estado de Guanajuato por su labor en apoyo a todas las familias en búsqueda de sus seres queridos, esto después de que su hermana Guadalupe fuera desaparecida el 29 de febrero de 2020, en Salvatierra, Guanajuato. Un año después, en febrero de 2021, el cuerpo de Guadalupe Barajas Piña fue identificado tras ser localizado por su hermano y otras personas buscadoras en una fosa clandestina junto a 80 cuerpos más.

Gracias al trabajo solidario y arduo de toda la familia, Javier y sus padres Javier Barajas y María del Tránsito Piña, continuaron con las labores de búsqueda de otras personas desaparecidas, hasta que el 29 de mayo de 2021 fue asesinado por personas vinculadas a la desaparición de su hermana, lo que causó consternación nacional e internacional.

Los avances que se han dado en el proceso y la investigación, tanto del homicidio de Javier, como de la desaparición de su hermana Guadalupe, han sido posible gracias al impulso de las familias de los diversos colectivos de la región, y por su lucha al continuar exigiendo justicia a pesar de los riesgos que han tenido que enfrentar.

El día de mañana 16 de agosto de 2023 se dictará sentencia en la causa penal 1P2821-116 por el homicidio calificado de Javier en contra de dos personas. Tras el desahogo de múltiples pruebas que sostienen la acusación de la Fiscalía -y no sin dejar de enfrentar riesgos para poder participar activamente en el juicio- se abre una posibilidad para que la familia Barajas-Piña obtenga justicia y verdad ante estos hechos tan dolorosos.

“Señor Juez, le pido que dicte sentencia condenatoria, así nos dará un cachito de esa justicia que tanto anhelamos por la muerte de mi hijo Francisco Javier Barajas. Esto no es a capricho, mucho menos por venganza sino por justicia”, expresó María de Tránsito, durante su intervención en la audiencia de alegatos. “Sé perfectamente que esto no me va regresar con vida a mi hijo pero sí habrá verdad, su Señoría, nosotros nunca hemos buscado venganza, únicamente buscamos y pedimos justicia”, añadió Javier Barajas.

El homicidio de Javier, según el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda y reportes periodísticos, es uno de los 18 homicidios de familiares de personas desaparecidas desde el 2010, que están relacionados con su labor de búsqueda y el ejercicio de su derecho a defender derechos humanos, ocho de éstos sucedieron en este sexenio.

Los riesgos y amenazas en contra de familiares en búsqueda han sido documentados y denunciados por diversos organismos internacionales de derechos humanos, como lo hizo en su reciente visita a México el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

Ante la crisis de desapariciones que enfrentamos en México, la sentencia podría ser un precedente relevante para la familia Barajas Piña, así cómo todas las familias que buscan a sus seres queridos en Guanajuato, por ello, urgimos al Poder Judicial del Estado de Guanajuato con sede en Salvatierra para que se pronuncie una sentencia, que tome en cuenta los estándares internacionales y garantice el acceso a la verdad y a la justicia.

Así, el Poder Judicial del estado de Guanajuato tiene la oportunidad de presentar un precedente de la mayor relevancia dado el contexto de violencia y crisis de desaparición que se vive en Guanajuato y en el país, en casos de amenazas, riesgos y homicidios de personas defensoras, y, en particular de familiares, de personas desaparecidas que ejercen su derecho a la búsqueda.