Derechos Humanos en la entidad solicita a las autoridades estatales, no minimizar la violencia de género y garantizar el libre derecho a manifestarse.

PDHEG pide a las autoridades no minimizar la violencia de género y garantizar la libre manifestación.

León, Gto.- La Procuraduría Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, pidió, a través de un comunicado, no minimizar la violencia de género, pues para sus autoridades, es un problema estructural en México.

“Sus expresiones son múltiples e impactan de manera diferenciada a cada una en función de sus condiciones personales y colectivas, por lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato reconoce el legítimo reclamo de justicia para erradicarla y se solidariza con las justas demandas de colectivos que buscan visibilizar esta situación”, se lee en el comunicado.

De la misma forma rechazó cualquier forma de criminalización y de represión hacia la reacción social por la violencia extrema que, según ellos, viven día a día las mujeres en nuestro país.

Desde el pasado día 13 de septiembre, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), de la cual la Procuraduría forma parte, emitió un pronunciamiento para llamar la atención sobre la violencia de género y la preocupación de los colectivos para reconocer esta situación y se atienda de manera inmediata.

Para la PDHEG, una forma de eliminar las prácticas institucionales que permiten que la violencia de género y que ésta se arraigue en nuestra sociedad, es necesario consolidar la perspectiva de género en la formación de servidores públicos, de modo que su actuar garantice una interacción apegada al enfoque de derechos humanos.

“Estamos convencidos que con la incorporación de la perspectiva de derechos humanos, en especial, con un enfoque de género, en nuestra legislación e  impartición de justicia y en la elaboración de políticas públicas, podremos avanzar más rápido en erradicar cualquier forma de vulnere a las mujeres”, continúa el texto.

Finalmente, exhortaron a las autoridades estatales y municipales a que en el ámbito de sus responsabilidades garanticen el derecho a la libre manifestación y se otorguen las garantías necesarias para protección.