Tras liberación de detenido por homicidio de Ángel, familia rechaza reunión con mandos de GN; hay otros 2 arrestados
Por POBLab
Al conocerse la decisión de no vincular a proceso a oficial capturado en la escena, la UG y los padres del estudiante asesinado se inconforman; se organizan nuevas marchas y suspenden clases presenciales en campus Irapuato
La Guardia Nacional propuso una reunión a los padres de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de Agronomía de la Universidad de Guanajuato plantel Irapuato asesinado por uno de sus agentes el miércoles, la cual rechazó la familia de la víctima, en tanto no haya «una explicación que consideremos justa que sea congruente con los hechos» luego de una investigación rigurosa, según un comunicado divulgado por la UG con la anuencia de la familia.
Lo anterior, al conocerse que este sábado por la tarde fue liberado el presunto responsable del homicidio del joven en un ataque sin justificación por parte de elementos de la Guardia Nacional el 27 de abril; otra versión, divulgada por un medio, afirma que habría otros dos agentes detenidos y presentados por la Fiscalía General de la República.
Esta versión, recogida por el periódico A.M., indica que esta misma tarde se llevaba a cabo la audiencia para aclarar su situación jurídica, luego que las primeras indagatorias determinaron que el detenido originalmente y señalado como autor material del homicidio no había perpetrado los disparos que cobraron la vida del joven de 19 años, cosa contraria respecto a otras dos personas. El primer agente fue liberado.
Por su parte, Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, envió un breve mensaje, “¡Exigimos justicia!” ante la medida de la justicia federal.
«Lamentablemente el Juez de Federal de Control, derivado de la formulación de imputación realizada por la Fiscalía General de la República, dictó auto de no vinculación a proceso al elemento de la Guardia Nacional que fue detenido por dicha corporación. Ha quedado en Libertad», escribió el titular de la UG.
En declaraciones al portal informativo Ágora, Guerrero Agripino anunció que convocará a un grupo de profesores y profesoras de la Facultad de Derecho de la propia institución “que nos dedicamos al ámbito del derecho penal”, para impugnar la resolución del juez federal, entre otras acciones.
“Es momento de que la UG demuestre su capacidad jurídica, su capacidad académica, y que la pongamos al servicio de una noble causa”, aseguró.
También informó que en el diálogo que se ha sostenido con los representantes de los grupos de la División de Ciencias de la Vida en la sede El Copal, éstos externaron que no desean regresar a clase presenciales durante la próxima semana, por lo que las tomarán de manera virtual.
El rector aceptó esta petición, por lo que la comunidad de ese campus estaría retornando a clases presenciales hasta el lunes 9 de mayo, aunque aclaró que primero se buscará “solicitar a las autoridades correspondientes el respaldo suficiente para estar en posibilidades de este retorno”.
Interrogado sobre la condición de salud de Edith Alejandra, la joven herida en esta agresión, dijo que se encuentra “estable, pero continúa grave”, sin que haya un pronóstico sobre su evolución.
Familia rechaza reunión con GN
Convocan universitarios a más marchas
El último giro de los acontecimientos ha llevado a que se geste otra marcha para el martes en la mañana, convocada por la propia comunidad estudiantil con el señalamiento “A él ya lo callaron, pero NO a nosotros“, “No queremos asesinos sueltos”.
Se destaca que en el comunicado original de la Guardia Nacional se presentó a un oficial que «de forma unilateral, accionó su arma de cargo en contra de las camionetas que se retiraban del lugar» donde se realizaban «reconocimientos disuasivos sobre el ducto de PEMEX Salamanca-León», en las inmediaciones del poblado El Copal que adicionalmente eran también las inmediaciones del campus División de Ciencias de la Vida (Diciva) de la UG.
Estupor entre la familia de Ángel, tras la liberación
No se explican porqué disparó, en primer lugar, y segundo, por qué lo dejan libre, comentó una tía del joven asesinado, cuestionada esta tarde tras concluir una misa en honor a ángel Yael en el templo de Guadalupe del puente de Guadalupe, a donde asistieron algunos familiares.
En tanto que Moisés Campos, primo de Ángel Yael, hizo un exhorto público a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, para presentar un posicionamiento y «Romper el Pacto de impunidad» en donde se vio involucrado personal de la Guardia Nacional asignado a esta entidad.
Clamor estudiantil, #JusticiaparaÁngel
Otras reacciones de los usuarios de redes sociales son la petición de ayuda a periodistas y personalidades de las redes sociales para “difundir la pésima y corrupta forma de actuación de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR”, por lo que comienza a surgir la iniciativa “Hay que cerrar la carretera 45, la que está cerca del COPAL, es de las más transitadas del país. Así nos harán caso”, mientras que un usuario más replica al tuit del rector: “El campus Salamanca y el campus Irapuato tienen años pidiendo seguridad y apoyo por los asaltos y por el acoso de la GN. No seas hipócrita. Ponte a trabajar”.
“Indignante esta situación”, “exigimos justicia para Ángel”, “No es posible que lo hayan dejado libre. Cierto nuestros hijos corren un gran peligro y ahora en especial quienes pertenecen a la UG agronomía en el Copal de Irapuato. Querrán como es lógico manifestarse y con la guardia nacional ahí será más peligroso”, y sobre todo el llamado: “Momento de unidad como colmena”.
En tanto, en la publicación en FB de la UG, hay ya cientos de comentarios, entre ellos, señalamientos no sobre el juez, sino “la incompetencia y la corrupción viene por parte de la Fiscalía General de la República, ellos son los corruptos y quién debía presentar una carpeta de investigación competente para vincular a proceso al mando de la guardia”.
Se solidarizan activistas y otras universidades con las Abejas
El asesinato del joven estudiante de Agronomía en la UG ha recibido la indignación y la solidaridad con la comunidad UG tanto de activistas como organizaciones defensoras de derechos humanos, así como de otras universidades alrededor del país.
Así, Raymundo Sandoval, acompañante de buscadoras de personas desaparecidas en el estado, comparte: “Rabia por la liberación del asesino de la Guardia Nacional. Por el uso político del rector. Por la simulación del Gobierno federal. Por la impunidad en Guanajuato” y cuestionó: “¿Qué hizo la Universidad? ¿Asesoró a la familia? ¿O solo hicieron comunicados para hacer parecer crítico a su tibio Rector?”. Añadió también sus condolencias a los familiares de Ángel.
Por su parte, Marcela Villalobos, también acompañante de personas buscadoras y presidenta de Amnistía Internacional México, señaló que ya anteriormente esa organización ha advertido sobre los peligros de la militarización de la seguridad pública en el país, que entran en conflicto con normas internacionales e incluso sentencias de la Corte Interamericana de Derechos humanos.
“El propio Comité contra las desapariciones forzadas en su último informe ha señalado que el Estado Mexicano debe retirar a las Fuerzas Armadas de las calles, dejar de privilegiar el modelo de seguridad militarizada. Con lo que pasó, el posicionamiento institucional de Amnistía es que no es un caso aislado y que desafortunadamente casos como este han sucedido y tienen que ver con el uso excesivo de la fuerza por elementos de las Fuerzas Armadas”, expresó la representante de Amnistía Internacional.
La resolución del juez federal en este caso “manda el mensaje de impunidad militar que sigue siendo la regla y no la excepción” y esto es sumamente grave, añadió, por lo que se sumó a la exigencia de una investigación expedita.
Entre las instituciones educativas que han enviado sus condolencia a la familia y amigos de Ángel Yael y a la comunidad UG, están, el Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior (SABES) en Guanajuato, la Universidad de Baja California y la Universidad Autónoma de Querétaro, en tanto que un desplegado con la demanda de impartición de justicia y no impunidad en el caso, fue firmado por los rectores y titulares de la UNAM, el Tecnológico Nacional de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de Yucatán.
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