Buscar con miedo, buscar con esperanza
Por: Soy Barrio
Verónica Espinosa
Salieron con miedo. Les pusieron chalecos antibalas. Estuvieron rodeadas por militares y agentes estatales. Hubo autoridades que querían desistir.
Pero ellas buscaron.
La primera jornada de búsqueda de personas desaparecidas en territorio guanajuatense tuvo lugar entre el martes 4 y el jueves 6 de agosto, en el peor contexto que la realidad de este estado ofrecía a las familias que, desde hace años, son protagonistas de esa mala película repetida en otras entidades del país, ésa en la que los gobiernos fingen que no los ven, que no existen, que nada pasó y que no hay que buscar a nadie.
Sólo que ahora en Guanajuato hay una Ley estatal de búsqueda; una Ley de atención a víctimas, una comisión estatal de búsqueda emanada de esta ley; un Sistema Nacional de Búsqueda del cual las instancias estatales (Fiscalía y Comisión estatal) forman parte.
Una obligación para el Estado de buscar, y para hacerlo con las familias, no sin ellas.
Lástima que la urgencia no la tengan todos, no sea pareja.
Pasaron más de seis meses entre aquella primera (de dos) reunión de familias con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, cuyo equipo de comunicación distribuiría sus imágenes abrazando a las mujeres que buscan a sus hijas, a sus parejas, a sus hermanos, para que algunas de ellas pudieran llegar al ejido de Cupuato, en Uriangato, marcado por el sino de la violencia homicida de los grupos criminales asentados en el estado.
En ese ínter, el gobierno estatal reconocería a empujones la gravedad de las desapariciones y las omisiones de la Procuraduría y actual Fiscalía general como ente investigador responsable. Porque fueron ambos aspectos los que llevaron a las familias a sentarse con el gobernador y a buscar a la Comisión nacional de búsqueda a al presidente en su visita de mediados de julio a Irapuato.
Porque nadie hubiera tenido que buscarlos si otros hubieran hecho todo lo que les competía. Así lo han subrayado siempre estas familias, víctimas indirectas del delito de desaparición por particulares y desaparición forzada (por autoridades) en varios casos, de Celaya, de León, de Irapuato, de Silao, de Salvatierra, de Salamanca, de Dolores Hidalgo, de San Luis de la Paz…
Y aunque en ese mes de enero se admitió también la emergencia por un número evidentemente en aumento de desapariciones (aunque indeterminado fuera del silencioso ámbito de la Fiscalía general del estado), hasta el 4 de julio Diego Sinhue Rodríguez anunciaría la designación de Héctor Díaz Ezquerra como comisionado, mismo que al día de hoy (un mes después) sigue solo con su alma en la estructura humana del organismo y “en proceso de instalar oficinas” en la ciudad de Guanajuato.
En una conversación con Díaz Ezquerra, éste me aseguró que tiene experiencia en búsqueda directa, “en Tamaulipas y Veracruz”. No recordó los sitios. Después, personal de comunicación social de la Secretaría de Gobierno me explicaría que “ya había recordado” que había estado nada menos que en las fosas de San Fernando y en Colinas de Santa Fe, sitios que cobraron una siniestra fama mundial por la dimensión de los hallazgos que en ellos se hicieron.
Por esta carencia de recursos (¿o de total voluntad?) una vez más, se recurrió a la Comisión Nacional de Búsqueda para orquestar la incursión a Uriangato y ésta con Karla Quintana al frente acudió, mientras mantiene abiertas otras búsquedas similares en siete estados.
Varias de las integrantes de los colectivos describirían “resistencias de la Fiscalía” para acudir al sitio y para permitir siquiera que los familiares pudieran llevar sus teléfonos celulares. Pero no cedieron ni un milímetro y los acuerdos tuvieron que darse, basados en la obligación de todas las autoridades estatales, federales y municipales que son parte del Sistema Nacional de Búsqueda, nada menos.
Otra vez, es porque los obliga la ley.
De San Luis de la Paz participó en esta primera jornada de búsqueda el colectivo “Justicia y esperanza”, surgido para buscar a 22 jornaleros migrantes desaparecidos en el autobús en que viajaron a fines de marzo de 2011 con destino a la frontera norte para cruzar a los Estados Unidos.
Aún con las escasas posibilidades de encontrar a sus desaparecidos en Uriangato, zona del sur del estado, el colectivo ludovicense necesitaba vivir este proceso, que suma a los años de dolor, experiencias de todo tipo, aprendizajes y acercamiento a instancias oficiales y de la sociedad civil, con tropiezos y fortalecimientos que además pueden servir apuntalamiento para aquellas familias que comienzan este sombrío camino y que no tiene que hacerlo solas, ni revictimizadas por funcionarios, ni lejos del propósito fundamental, que es buscar hasta encontrarles.
Así ha ocurrido con tantos otros colectivos y organizaciones de familias que buscan en este “país de las 2 mil fosas”, como se tituló una investigación periodística de Quinto Elemento Lab que se conoció a fines del 2018 y en la que se evidenció que en Guanajuato ninguna autoridad local reconocía la existencia de las mismas, y tampoco daba cuenta de sus personas desaparecidas, como los gobiernos federales de los dos sexenios anteriores se habían negado a admitirlo.
“Justicia y esperanza” es parte de un Frente para la búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato, al que se unieron también los colectivos “Mariposas destellando buscando corazones y justicia”, “Cazadores” y “Buscadoras”.
Para la memoria, el colectivo “Cazadores” lo forman las familias del grupo de leoneses que desaparecieron en diciembre del 2010 durante un viaje de cacería cinegética en el municipio de El Plateado de Joaquín Amaro, en Zacatecas. En una relevación aterradora, la Fiscalía zacatecana informaría hace años que un minúsculo fragmento de hueso encontrado en una cavidad incendiada bajo un enorme depósito de restos de fruta de una fábrica de jugos (predio “Las Negritas”) correspondía a uno de estos leoneses.
Y no se supo más.
En esta primera búsqueda en Uriangato participaron también representantes del colectivo “A tu encuentro”, el grupo más numeroso de familiares.
Un elemento adicional se sumó a las difíciles circunstancias de esta búsqueda: la captura de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, ocurrida el domingo de la víspera de que iniciara la exploración.
Cundió temor y se analizaron los escenarios. “Nos quedamos en shock. ¿Qué iría a pasar?” cuenta la integrante de uno de los colectivos. “Hubo quien nos decía: no vayan”.
Finalmente, la decisión de las familias y el resguardo de las corporaciones federales y estatales definieron la realización de la búsqueda.
El programa consistió en turnar cada día a algunos representantes de cada colectivo ante la imposibilidad de hacerlo en grupos más numerosos, debido a un protocolo elaborado para su aplicación durante esta contingencia sanitaria.
Los familiares buscaron con el nudo en la garganta, con la idea de que si no encontrarían allí a su persona desaparecida, podrían ayudar a encontrar a la de alguien más. Y vieron en Cupuato restos óseos y artículos personales. Y querían que de esos fragmentos pequeñísimos de huesos “brotaran miles de datos”.
Salieron de Uriangato con la idea, y así lo han dicho recio y quedito, de que ésta es la primera de muchas búsquedas.
Es el primero de muchos suelos que pretenden pisar y escarbar, porque saben que hay más de un centenar de puntos en el territorio estatal y porque personas desaparecidas hay muchas, en un número exacto que la autoridad se ha negado a pronunciar.
Es la primera ocasión en que vencen resistencias y logran, aún con avatares, que autoridades estatales y federales salgan con estas familias que los quieren ver trabajar, procesar vestigios, recabar información, desempolvar carpetas de investigación abandonadas, reconocerlos como víctimas indirectas, devolverles a un familiar vivo o muerto.
De estas autoridades esperan no sólo el reconocimiento de un grave problema, sino resultados que lleven a la verdad sobre el mismo: cuántos son las y los desaparecidos en Guanajuato, por qué, qué se ha hecho para encontrarles.
Y que lo que se haga de ahora en adelante sea así, con las familias.
